El cultivo del cannabis busca un terreno legal en Cataluña y Euskadi
En un país en el que el consumo de cannabis no se penaliza, ¿es hora de plantear la legalización de las plantaciones a gran escala? Aunque despierta serias dudas legales, la sorprendente iniciativa de Rasquera, un pequeño pueblo de Tarragona, de alquilar siete hectáreas en terrenos para cultivar marihuana ha reavivado el debate. El Código Penal castiga con penas de hasta seis años de cárcel a quienes “cultiven, elaboren o trafiquen” con drogas ilegales. Los más de 5.000 socios de la Asociación Barcelonesa Cannabica de Autoconsumo(ABCDA) están dispuestos a pagar 1,3 millones de euros en dos años al ayuntamiento para plantar marihuana dedicada, dicen, al autoconsumo con fines lúdicos o terapéuticos. La jurisprudencia acepta la producción para el llamado “consumo compartido”, aunque se deben cumplir una serie de requisitos que, según los expertos, difícilmente concurrirán en este caso.
Acuciado por la situación económica, el alcalde republicano Bernat Pellisa ha dado una vuelta de tuerca más a un debate —el de la legalización del cannabis— que está más vivo que nunca. Los clubes de fumadores se encuentran en un limbo jurídico que, al menos en Euskadi, puede desaparecer: todos los partidos con representación en el parlamento vasco aprobaron ayer crear un grupo de trabajo para abordar el tema.
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