CHIVERO

Argentina imputa por primera vez a un empresario por crímenes de la dictadura

Se le acusa de ir en los coches de su empresa junto con policías para secuestrar a sindicalistas que trabajaban para él y llevarlos a una comisaría, donde eran torturados hasta que confesaban que habían cometido una supuesta estafa y así después él podía despedirlos. Se llama Marco Levin y es el primer empresario argentino citado a declaración indagatoria por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura de su país (1976-1983).

Según muchos políticos y analistas, aquel fue un régimen cívico-militar en el que, si bien las fuerzas armadas dirigían el país, numerosos civiles participaron en la represión. Además de militares y policías también ha sido condenado un sacerdote por los crímenes de la dictadura y están procesados algunos civiles que fueron ministros, altos funcionarios y jueces. Ahora ha llegado el turno de los empresarios.

Fue habitual en la dictadura que desaparecieran los integrantes de los comités de empresas y empleados sospechosos de activismo político, dentro del peronismo o la izquierda, o en las guerrillas. Ha habido obreros desaparecidos en Mercedes-Benz, Ford, la azucarera argentina Ledesma y la siderúrgica Acindar (que ahora pertenece a ArcelorMittal), pero hasta ahora no ha habido empresarios imputados por esos casos. En cambio, Levin, dueño de una de las compañías de autocares más importantes de Argentina, La Veloz del Norte, deberá responder ante un juez de la provincia norteña de Salta por presuntos secuestros y torturas. Comparecerá el 7 de febrero ante el magistrado Julio Bavio, según publicó hoy Página/12. EL PAÍS intentó obtener la versión de Levin, pero fuentes de su empresa afirmaron que se encontraba de viaje.

El juez quiere indagar al empresario por el secuestro y tortura de 12 empleados de La Veloz del Norte, la mayoría chóferes y alguna azafata. Todos ellos estuvieron en una comisaría de Salta, que funcionó como centro clandestino de detención de la dictadura. Las víctimas denunciaron que policías a bordo de coches de la empresa los secuestraron por la calle o en las oficinas de la empresa. Algunas veces estaba el propio Levin dentro del automóvil. Después los llevaban a la comisaría, donde los torturaban para pedirles los nombres de los integrantes del sindicato de chóferes. También los vejaban para que confesaran que supuestamente habían estafado a la firma donde trabajaban. Una vez que firmaban ese reconocimiento, solían toparse con su patrón en el destacamento policial, según sus denuncias. Se supone que así Levin conseguía la autorización legal para despedir sin indemnización a los sindicalistas, que en teoría estaban protegidos por la ley.