Iñaki Urdangarín. (AP)
Iñaki Urdangarín, yerno del rey Juan Carlos, está en el ojo del huracán. La Fiscalía Anticorrupción de las Islas Baleares lo acusa de apoderarse de fondos públicos utilizando facturas falsas e infladas por servicios ficticios, desviando fondos a sociedades organizadas para tal fin.
Por ello, el lunes pasado un juzgado de Palma de Mallorca dictó una resolución para registrar las empresas agrupadas en el Instituto Nóos. De estas entidades son titulares Urdangarín y su esposa, la infanta Cristina, segunda hija de los monarcas españoles.
Según el juez, Urdangarín y sus socios habrían cometido los delitos de fraude, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos. El modus operandi consistía, según la resolución, en “fijar unos precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaba para la administración”.
Nóos cobró 2,3 millones de euros del Gobierno Regional de Islas Baleares por organizar dos jornadas sobre turismo y deporte que tuvieron lugar en el 2005 y el 2006. El desfase entre el costo real y el dinero adjudicado a Urdangarín y sus socios podría rondar los 2 millones de euros, según el juez.
Tras recibir los fondos públicos, añade la resolución, la empresa de Urdangarín “simulaba la contratación de servicios ficticios o presumiblemente facturados por importe superior al servicio realmente prestado”. Los fondos, añade, “acababan en manos de las mercantiles controladas por Diego Torres, ex vicepresidente de Nóos, e Iñaki Urdangarín”.
FACHADA DE ONG
De acuerdo con la resolución, el Instituto Nóos y el resto de entidades implicadas presididas por Urdangarín y sus socios tenían la forma de organismos de ayuda social, a la manera de las ONG, para “aparentar la no persecución de fines lucrativos, rodearse del prestigio social de las actuaciones altruistas a las que presuntamente se dedicaban y evitar suspicacias por parte de terceros al financiarse básicamente con fondos de organismos públicos”.
De acuerdo con la resolución, el Instituto Nóos y el resto de entidades implicadas presididas por Urdangarín y sus socios tenían la forma de organismos de ayuda social, a la manera de las ONG, para “aparentar la no persecución de fines lucrativos, rodearse del prestigio social de las actuaciones altruistas a las que presuntamente se dedicaban y evitar suspicacias por parte de terceros al financiarse básicamente con fondos de organismos públicos”.
Por el momento, la Casa Real mantiene silencio sobre este escándalo. Según publicó ayer la prensa, se ha limitado a indicar que no hace “ningún comentario sobre una investigación que está en el ámbito judicial y que respeta el trabajo
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