Procesan a Cristina Kirchner por presuntas irregularidades en el Banco Central
El juez Claudio Bonadio la acusa de un delito de "administración infiel en perjuicio de la administración pública, en el marco de la causa por el dólar futuro".
La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández. Marcos Brindicci Reuters
A sólo cinco meses de haberse marchado de la Casa Rosada, la justicia de Argentina ha llamado este viernes a la puerta de la expresidenta peronista Cristina Fernández viuda de Kirchner (2007-2015): un juez la ha procesado por un delito de “administración infiel” en perjuicio del Estado.
El juez Claudio Bonadio ha resuelto que la exjefa de Estado perpetró ese delito en las operaciones de ventas de divisas a futuro por parte del Banco Central durante los meses finales de su gobierno. La cuenta es sencilla: vendía cada dólar al precio oficial de 9,50 pesos a la vez que en el mercado cotizaba a 15 pesos.
El caso se inició por la denuncia de parlamentarios integrantes del frente Cambiemos, liderado por el actual presidente argentino, Mauricio Macri.
Según los denunciantes, mediante la celebración de contratos de futuros de dólar el Banco Central habría vendido dólares a un precio que rondaba los 10,65 pesos por unidad, por debajo del precio establecido en la Bolsa de Nueva York para este tipo de contratos (por entonces, alrededor de 14 pesos por unidad).
El magistrado comparó las ventas de dólar a futuro con “el cliente de un casino que se da cuenta de que la ruleta está descompuesta y siempre la bola cae en el número 11, el casino perderá indefectiblemente cada vez que se tire una ronda de apuestas". “En el Banco Central la ruleta estaba descompuesta y todos sabían que siempre salía el mismo número”, ironizó.
Por ello para Bonadio la exmandataria utilizó "una estructura de poder que presidía para implementar una operatoria que vulneró las arcas públicas". Y le trabó un embargo sobre sus bienes de 15 millones de pesos (casi un millón de euros). También procesó y embargó al exministro de Economía Axel Kicillof y al extitular del Banco Central, Alejandro Vanoli y otros 12 funcionarios.
CRISTINA DEFIENDE SU INOCENCIA
La ex presidenta había concurrido a declarar como imputada el 13 de abril pasado. Allí tildó de “falsa denuncia” a la imputación en su contra. Incluso llegó a definirla como una “operación mediática y judicial” pergeñada por el gobierno de Macri “con la complicidad” del juez para “plantar una causa penal” y que “se me prive de la libertad”.
Se defendió de las acusaciones argumentando que las operaciones bancarias "fueron llevadas a cabo legítimamente” y reivindicó que se buscó proteger "el valor de la moneda, ya que su depreciación produciría los efectos más desfavorables sobre la actividad económica".
“No les tengo miedo. Afrontaré este proceso y cualquier otro que quieran fabricarme. Fue decisión explicitada públicamente no tener fueros que me hubieran colocado en una posición de privilegio en relación a la de cualquier otro ciudadano”, se enorgulleció.
A la salida del juzgado Fernández montó un mítin político frente a decenas de miles de ‘cristinistas’ -150.000 según ellos y 30.000 según la policía- que la aguardaban bajo la lluvia. “¡Che gorila (antiperonista) no te lo decimos más, si la tocan a Cristina qué quilombo (follón) se va armar!”, bramaban.
VIEJAS RIVALIDADES, OTROS FRENTES
La expresidenta y el juez sostienen una vieja rivalidad política pues provienen de alas opuestas del peronismo, o justicialismo, desde los años 70. Ella militaba en la llamada 'Tendencia Revolucionaria' de la juventud peronista y él en 'Guardia de Hierro', que tomó su nombre de una agrupación nazi europea.
Ahora la expresidenta, que descansa en su mansión de la villa patagónica El Calafate, deberá recorrer los 3000 kilómetros que la separan de Buenos Aires y volver al juzgado a notificarse de su procesamiento. Por si las moscas, Fernández ya había pedido el juicio político de Bonadio en el consejo de la magistratura.
De todos modos, no es el único frente que tiene abierto en los tribunales. Afronta varias causas judiciales más: una por supuesto enriquecimiento ilegal y otras por presunto lavado de dinero en las sociedades Hotesur y Los Sauces, en las que participa junto a sus hijos Máximo y Florencia.
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