A partir del 1º de enero del siguiente año, se pondrá en vigencia la demorada ley de transparencia política donde los funcionarios del Estado deberán rendir cuenta de su patrimonio, sueldo, dietas extras para gastos de gestiones, cuentas bancarias y otras. Además deberán colaborar con un Tribunal Superior de Justicia, que, juzgará todas las acciones delictivas que pudiera haber cometido en los últimos cinco años anteriores a la aplicación de la citada Ley.
Según fuentes de total confianza, se estarían construyendo 234 módulos en el Centro penitenciario de Soto del Real, para alojar a todos los que resulten condenados por delitos al Estado. Estos módulos serán más confortables que los actuales, ya que solamente serán ocupados por delincuentes políticos y Banqueros que hayan defraudado al Estado desde el año 2009.
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