Se descubrió una maniobra para estafar al Estado
Al menos tres funcionarios cobraron entre mayo de 2013 y enero de este año. El perjuicio sería de unos 850 mil pesos.
Notas Asociadas
DeViedma
El Estado rionegrino pagó salarios públicos a personal ajeno a la administración pública, incluso asignándole cargos y remuneraciones de funcionarios.
La maniobra fue detectada y confirmada ayer por el ministro de Gobierno, Luis Di Giacomo después que el último viernes formalizó la denuncia penal y desplazó de su puesto al director de Recursos Humanos, Gabriel Limardo.
En principio, la adulteración de los registros habría permitido el pago de remuneraciones de cargos de directores a tres mujeres totalmente ajena al Estado provincial, desde mayo del 2013. Así, se le pagaron nueve mensuales y aguinaldos hasta que sus designaciones de funcionarias cayeron el 1° de febrero pasado cuando el gobernador Alberto Weretilneck dispuso la baja masiva de 335 cargos políticos con el decreto 44/14.
Una inicial estimación del perjuicio del Estado estaría entre los 750 a 850 mil pesos al considerar el pago de nueve meses y aguinaldos, computando aportes previsionales de las remuneraciones de tres directoras.
Más allá de las conductas delictuales, la vulnerabilidad de los controles vuelve a quedar expuesta con este suceso. Además, todavía, no queda en claro quién o quiénes cobraron las acreditaciones de los respectivos haberes.
Pero, otra muestra de la fragilidad administrativa aparece que las tres personas -que figuraban como funcionarias- fueron posteriormente nombradas entre 282 agentes del Servicio Penitenciario, incorporadas según el decreto N° 462 del pasado 30 de abril. Esas designaciones -que se pagarían a partir de los haberes de mayo- se dieron con categoría Nivel V y agrupamiento Seguridad, que significan unos 8.000 pesos de salarios.
El primer dato de la maniobra descubierta recae en Di Giacomo a partir de la existencia de una persona -una de las tres detectadas- que cobraría un haber del Estado pero no trabajaba. Al confirmar el viernes ese hecho, el ministro desplazó al director de Recursos Humanos de Gobierno, Gabriel Limardo, que además ocupaba igual cargo en la cartera de Seguridad.
María Paz Malaccorto fue nombrada en Recursos Humanos y se instaló esa mañana en esa oficina, conjuntamente con la asesora legal de Gobierno, Vanesa Silva. Un primer informe de ambas concluyó que existían -por lo menos- tres directoras designadas que no cumplían funciones en mayo del año pasado y nadie ubicaba sus legajos aunque sus haberes habían sido acreditados.
El viernes, a última hora, Di Giacomo presentó una denuncia penal ante el fiscal Hernán Trejo y, según trascendió, había acusado puntualmente al ya desplazado Limardo. Además, adjuntó distintas documentación en su presentación.
Asimismo, funcionarios de Gobierno habrían sumado en la víspera más registros, como las copias de los decretos N°417, N°418 y N°419 de mayo pasado, cuya numeraciones permitieron a Recursos Humanos al armado de los legajos de las funcionarias virtuales aunque aquellas normativas pertenecen a asignaciones de Plan Calor, a ATN y una transferencia a un municipio.
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