¿ENTRARÁ ALGUIEN EN PRISIÓN?

Alaya manda a la UCO a requerir expedientes de formación a la Junta

• Reserva una habitación en los juzgados para almacenar toda la documentación

Operarios de una empresa de transporte introducen los expedientes de la Junta, en los juzgados. CARLOS MÁRQUEZ

SEBASTIÁN TORRES

ANTONIO SALVADORSevilla

Actualizado: 21/05/2014 14:41 horas

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Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) están desde esta mañana en la sede de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo para recoger expedientes de ayudas de formación que la juez Mercedes Alaya lleva tiempo esperando. Al mismo tiempo, la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ha solicitado al Decanato de los Juzgados una habitación para poder almacenar la documentación que espera que recoja la Guardia Civil.

Fuentes del caso consultadas por EL MUNDO aseguran que los agentes se han presentado "por sorpresa" en el organismo, dependiente de la Consejería de Educación, y que permanecerán allí hasta que no se les entreguen todos los expedientes que han ido a reclamar.

Es el segundo día consecutivo en que agentes de la UCO se personan en dependencias de la Junta de Andalucía a requerir colaboración con el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, después de que ayer acudieran al mismo sitio a requerir las claves para abrir archivos informáticos que fueron remitidos al juzgado.

Las fuentes han señalado que los agentes están en las secciones de Consorcio y Formación y en la de Formación Ocupacional esperando que les sea entregada la documentación que han requerido.

Fuentes del Gobierno andaluz han señalado a Europa Press que el director general de Formación para el Empleo, Carlos Cañavate, ha recibido a los agentes y les ha entregado la documentación que tenía preparada sobre los expedientes relativos a ayudas sobre formación "en un clima habitual de colaboración".

La juez Alaya se ha hecho cargo de una de las ramas del presunto fraude en las ayudas de formación, en concreto, la relativa a los casi50 millones de euros que la Junta de Andalucía concedió a la Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo (Faffe) y que ésta no llegó a justificar según detectó la Cámara de Cuentas.