Los populares aseguran que actuaron “de conformidad con el protocolo habitual de utilización de material informático” y alegan que “cada vez que se deja de utilizar un equipo asignado a una persona, se reintegra al sistema general para reformatearlos y disponerlos para su posible asignación a otro usuario”. Y así lo hizo el PP en abril, dos meses después de que estallara el escándalo de los papeles de Bárcenas y solo unos
días después de que un juzgado desestimara la denuncia presentada por Bárcenas contra el PP por el supuesto robo de sus dos ordenadores. El escrito de los populares añade que cuando los equipos han sido utilizados por personas que hubieran podido manejar “información sensible, se procede a la destrucción de los sistemas de almacenamiento”.
Un portavoz del PP aseguró este jueves que ignoraba si los equipos contenían algún tipo de información. Además, el partido apeló, aunque no lo habían hecho ante el juez, al artículo 92.4 de la Ley de Protección de Datos, que señala que cuando un trabajador deja su puesto, los documentos o datos deberán destruirse o borrarse para evitar el acceso a información contenida en el mismo. Pero esta ley hace referencia a los datos “de carácter personal”.
Tanto la respuesta dada por los populares al juzgado como la contestación sobre el procedimiento al que sometieron los portátiles chocan con la declaración de su secretaria general,
Dolores de Cospedal, que ante el juez
Pablo Ruz, que instruye la causa, aseguró que los ordenadores de Bárcenas
estaban custodiados en la sede nacional del PP. De hecho, ese fue el motivo por el que el magistrado dio luz verde a la solicitud de reclamar los ordenadores.
Ruz justificó la petición de los equipos informáticos en que era posible su entrega con contenido, pese al tiempo transcurrido, ya que Cospedal, en su comparecencia ante el juez del 14 de agosto, afirmó que “los referidos ordenadores continúan custodiados por la referida formación política, permitiendo de este modo la verificación de la diligencia propuesta”.
Los portátiles eran un Mac y un Toshiba. Sobre el primero, los populares adujeron que, tal como admitió el propio extesorero, el disco duro original del ordenador fue sustituido por otro en octubre de 2012, “por lo que el PP no ha tenido a su disposición el citado disco, sino el nuevo que el imputado instaló en octubre de 2012 y que ha sido destruido”. En cualquier caso, el equipo tenía información almacenada en 467 gigas, que fue extraída para que los peritos informáticos de la Policía Científica la cotejen con los archivos entregados al juez por el extesorero, entre ellos los papeles de la
supuesta contabilidad b del PP.
El segundo ordenador entregado por el PP, el Toshiba, carece de disco duro, con lo que no contiene ningún dato. En cualquier caso, los populares quisieron hacer una apreciación e indicaron que Bárcenas entregó información que “habría sido extraída a un pen drive desde el citado ordenador. Esta información es absolutamente falsa porque este ordenador, por su antigüedad, carece de puerto USB alguno”. En su declaración, el extesorero dijo, textualmente, que el Toshiba era el ordenador “de donde procedía la información que está en el pen drive”que aportó al juez, por lo que podría haberla extraído en otro formato y haberla pasado a ese dispositivo de memoria.
Entre la documentación que almacenó en ese ordenador había tanto información del PP como personal de Bárcenas, según alegó ante el juez. “Como era tan pequeño, me hacía gracia practicar”, explicó al juez, ante el que detalló que, además de la contabilidad b de los años 93, 94 y 95 y el presupuesto del partido para la campaña electoral de 1993, había información sobre sus cuentas en Suiza. “Es información particular, la de mis cuentas en Suiza, creo que en el Natwest, en el Citibank y no sé si alguna entidad bancaria más”, concretó. Sin embargo, la Audiencia no ha puesto esa información particular a disposición de las partes.