Amazonia brasileña: cada vez menos inspectores ambientales para un territorio más grande que toda la UE
A pesar del récord de deforestación el año pasado, tras la llegada de Bolsonaro a la presidencia de Brasil las multas por delitos ecológicos se han desplomado
Entre los factores que impulsan la deforestación en la Amazonia están los clásicos y los menos obvios, como el tipo de cambio. Un dólar alto (5 reales), como ahora, incentiva la tala ilegal de árboles por la fiebre del oro o para despejar terrenos que sirvan después para pastos o cultivos. La mayor selva tropical del mundo ha perdido en el último año 11.088 kilómetros cuadrados de masa forestal, el récord en 12 años. Perseguir los crímenes ambientales en la Amazonia brasileña siempre fue un desafío descomunal porque es más extensa que la suma de los 27 países de la Unión Europea, pero con el presidente Jair Bolsonaro todavía resulta más difícil. Con permiso de las nubes, los satélites ejercen un valioso papel desde hace unos años, pero antes o después hacen falta inspectores ambientales que actúen sobre el terreno. Siempre han sido pocos y ahora van camino de convertirse en otra especie en extinción.
Eso significa un puñado de hombres con algunos barcos y helicópteros en un territorio hostil, con pocos aeropuertos o carreteras, y donde explotar ilegalmente las riquezas de la tierra es uno de los pocos negocios realmente lucrativos. Un veterano inspector hacía para este diario en plena pandemia las siguientes cuentas sobre la plantilla. Restados los que por edad o enfermedad han sido apartados por el coronavirus, los aptos para participar en operaciones de fiscalización son poco más de 20 en el estado de Amazonas, el mayor de la Amazonia. A ellos sumaba un puñado de investigadores de la policía y varias decenas de uniformados del batallón ambiental de la Policía Militar. Para un territorio que triplica el de España.
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