De la desobediencia civil al escrache
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha conseguido, con tesón admirable, situar el escándalo de los desahucios en el centro de la vida política española. A diferencia de otros asuntos que escapan del alcance directo de los políticos (como la prima de riesgo o la tasa de paro), la regulación de los créditos hipotecarios y de los procedimientos a seguir en caso de impago corresponde enteramente al gobierno, el cual, si cuenta con una mayoría parlamentaria suficiente, puede cambiar la ley según juzgue conveniente. El gobierno puede decidir sobre la dación en pago, sobre los intereses de demora, sobre el alquiler social y sobre el papel que deben desempeñar los jueces en este asunto.
Los dos grandes partidos, PP y PSOE, no han estado a la altura que se esperaba. A pesar de los numerosos avisos sobre lo que estaba sucediendo, han preferido no dar importancia al drama de las familias que, una vez expulsadas de sus casas, arrostran una deuda imposible de pagar. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 14 de marzo (que considera abusivos los intereses de demora e inaceptable que el juez español no pueda examinar el carácter abusivo de los contratos) ha sacado los colores al PP y al PSOE.
De no haber sido por la PAH y sus acciones de protesta, los desahucios no habrían llegado a tener tanta relevancia política. La PAH, a través de la recogida de firmas para su Iniciativa Legislativa Popular y de los intentos de impedir la expulsión de las familias de sus hogares, ha puesto de relieve la tremenda injusticia que se está cometiendo con los más débiles. Ahora ha decidido ampliar su repertorio de tácticas de protesta con el escrache, el acoso a los políticos fuera de sus lugares de trabajo. Esta táctica ha generado un gran debate acerca de su legitimidad.
El escrache estaría justificado si fuera una forma más de desobediencia civil. Según Rawls, la desobediencia civil es “un acto público, no violento, consciente y político, contrario a la ley, cometido con el propósito de ocasionar un cambio en la ley o en los programas del gobierno” (Teoría de la justicia, § 55). Esta definición cubre, por ejemplo, los esfuerzos de la PAH por presentarse en el momento del desahucio y tratar de paralizarlo. De acuerdo con los datos que proporciona la PAH, son casi 600 los desahucios que han conseguido detener mediante este procedimiento. Sin embargo, no está claro que esta definición de desobediencia civil cubra también el escrache, entre otras cosas porque no es seguro que la protesta contra los políticos en el espacio público resulte contraria a la ley.
Más que desobediencia civil, el escrache constituye una forma rudimentaria de presión sobre los políticos. Hay muchas formas de presionar. Los grupos de interés (o lobbies) tienen recursos económicos, conocimiento técnico (expertise) y contactos al más alto nivel para influir sobre los políticos. Se trata de una influencia invisible, difícil de detectar.
La PAH es una plataforma y no un grupo de interés. Se organiza más bien como un movimiento social. Los movimientos sociales suelen ejercer presión mediante movilizaciones populares. El problema estriba en que las manifestaciones no dan muchos frutos: en España ha habido decenas de manifestaciones en estos últimos años en contra de las políticas de austeridad sin mayores consecuencias. Los gobiernos recientes, tanto el del PSOE como el del PP, se han desentendido de las protestasalegando los compromisos adquiridos por el Estado en la UE y la presión ejercida por los inversores financieros sobre nuestra deuda soberana.
No es de extrañar entonces que la PAH considere que tiene que ir un paso más allá. Está visto que ni las manifestaciones ni las huelgas son hoy por hoy un instrumento efectivo para cambiar la política. Sin los medios económicos de las grandes corporaciones y sin su capacidad para ejercer una influencia sutil sobre la toma de decisiones, la Plataforma ha optado por el escrache. Es un recurso propio de los débiles. Pretende que los políticos paguen un coste por ir en contra del parecer de la gran mayoría de españoles. Una encuesta reciente de Metroscopia demuestra el apoyo abrumador (por encima del 80%) de la población a las propuestas de la PAH.
Evidentemente, todos desearíamos que no se llegara al extremo del escrache. Si los políticos del PP y del PSOE hubieran sido más sensibles a las demandas populares en esta cuestión, la PAH no habría llegado tan lejos. El problema que plantea el escrache es que, en este caso, la frontera entre la protesta legítima por un lado y la intimidación, la coacción y la vejación por otro es muy delgada. La protesta puede degenerar rápidamente en formas de comportamiento que resulten democráticamente cuestionables. Por eso, la derecha cree que ha encontrado el talón de Aquiles de la PAH: con el escrache puede deslegitimar a la Plataforma mediante la asimilación de esta táctica a la kale borroka y al terrorismo. No es la primera vez que la derecha política, mediática e intelectual usa repugnantemente a ETA con fines partidistas: ya lo hizo a raíz del 11-M, lo hizo de nuevo en su campaña contra Zapatero y lo vuelve a hacer ahora para quitarse de encima a la PAH. Si los políticos del PP consiguen presentarse como víctimas de la intolerancia de unos pocos, la PAH puede perder la complicidad con la que cuenta en la opinión pública.
El dilema de los débiles suele ser este: si quieren presionar hasta el final para promover un cambio justo, se ven forzados a romper ciertas reglas que cuestionan la justicia de su reivindicación; y si no están dispuestos a llegar tan lejos, su protesta puede no ser efectiva.
En el caso del escrache, creo que hay razones instrumentales para que la PAH no siga por esa vía. Al fin y al cabo, la radicalización de las tácticas no es necesaria en este momento: la PAH ha conseguido recoger1.408.854 firmas a favor de su Iniciativa Legislativa Popular, ha obtenido el espaldarazo de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo y tiene en estos momentos gran proyección mediática. Con esos activos, sería una pena darle un pretexto a la derecha para lanzar una de sus campañas de destrucción masiva.
Los dos grandes partidos, PP y PSOE, no han estado a la altura que se esperaba. A pesar de los numerosos avisos sobre lo que estaba sucediendo, han preferido no dar importancia al drama de las familias que, una vez expulsadas de sus casas, arrostran una deuda imposible de pagar. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 14 de marzo (que considera abusivos los intereses de demora e inaceptable que el juez español no pueda examinar el carácter abusivo de los contratos) ha sacado los colores al PP y al PSOE.
De no haber sido por la PAH y sus acciones de protesta, los desahucios no habrían llegado a tener tanta relevancia política. La PAH, a través de la recogida de firmas para su Iniciativa Legislativa Popular y de los intentos de impedir la expulsión de las familias de sus hogares, ha puesto de relieve la tremenda injusticia que se está cometiendo con los más débiles. Ahora ha decidido ampliar su repertorio de tácticas de protesta con el escrache, el acoso a los políticos fuera de sus lugares de trabajo. Esta táctica ha generado un gran debate acerca de su legitimidad.
El escrache estaría justificado si fuera una forma más de desobediencia civil. Según Rawls, la desobediencia civil es “un acto público, no violento, consciente y político, contrario a la ley, cometido con el propósito de ocasionar un cambio en la ley o en los programas del gobierno” (Teoría de la justicia, § 55). Esta definición cubre, por ejemplo, los esfuerzos de la PAH por presentarse en el momento del desahucio y tratar de paralizarlo. De acuerdo con los datos que proporciona la PAH, son casi 600 los desahucios que han conseguido detener mediante este procedimiento. Sin embargo, no está claro que esta definición de desobediencia civil cubra también el escrache, entre otras cosas porque no es seguro que la protesta contra los políticos en el espacio público resulte contraria a la ley.
Más que desobediencia civil, el escrache constituye una forma rudimentaria de presión sobre los políticos. Hay muchas formas de presionar. Los grupos de interés (o lobbies) tienen recursos económicos, conocimiento técnico (expertise) y contactos al más alto nivel para influir sobre los políticos. Se trata de una influencia invisible, difícil de detectar.
La PAH es una plataforma y no un grupo de interés. Se organiza más bien como un movimiento social. Los movimientos sociales suelen ejercer presión mediante movilizaciones populares. El problema estriba en que las manifestaciones no dan muchos frutos: en España ha habido decenas de manifestaciones en estos últimos años en contra de las políticas de austeridad sin mayores consecuencias. Los gobiernos recientes, tanto el del PSOE como el del PP, se han desentendido de las protestasalegando los compromisos adquiridos por el Estado en la UE y la presión ejercida por los inversores financieros sobre nuestra deuda soberana.
No es de extrañar entonces que la PAH considere que tiene que ir un paso más allá. Está visto que ni las manifestaciones ni las huelgas son hoy por hoy un instrumento efectivo para cambiar la política. Sin los medios económicos de las grandes corporaciones y sin su capacidad para ejercer una influencia sutil sobre la toma de decisiones, la Plataforma ha optado por el escrache. Es un recurso propio de los débiles. Pretende que los políticos paguen un coste por ir en contra del parecer de la gran mayoría de españoles. Una encuesta reciente de Metroscopia demuestra el apoyo abrumador (por encima del 80%) de la población a las propuestas de la PAH.
Evidentemente, todos desearíamos que no se llegara al extremo del escrache. Si los políticos del PP y del PSOE hubieran sido más sensibles a las demandas populares en esta cuestión, la PAH no habría llegado tan lejos. El problema que plantea el escrache es que, en este caso, la frontera entre la protesta legítima por un lado y la intimidación, la coacción y la vejación por otro es muy delgada. La protesta puede degenerar rápidamente en formas de comportamiento que resulten democráticamente cuestionables. Por eso, la derecha cree que ha encontrado el talón de Aquiles de la PAH: con el escrache puede deslegitimar a la Plataforma mediante la asimilación de esta táctica a la kale borroka y al terrorismo. No es la primera vez que la derecha política, mediática e intelectual usa repugnantemente a ETA con fines partidistas: ya lo hizo a raíz del 11-M, lo hizo de nuevo en su campaña contra Zapatero y lo vuelve a hacer ahora para quitarse de encima a la PAH. Si los políticos del PP consiguen presentarse como víctimas de la intolerancia de unos pocos, la PAH puede perder la complicidad con la que cuenta en la opinión pública.
El dilema de los débiles suele ser este: si quieren presionar hasta el final para promover un cambio justo, se ven forzados a romper ciertas reglas que cuestionan la justicia de su reivindicación; y si no están dispuestos a llegar tan lejos, su protesta puede no ser efectiva.
En el caso del escrache, creo que hay razones instrumentales para que la PAH no siga por esa vía. Al fin y al cabo, la radicalización de las tácticas no es necesaria en este momento: la PAH ha conseguido recoger1.408.854 firmas a favor de su Iniciativa Legislativa Popular, ha obtenido el espaldarazo de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo y tiene en estos momentos gran proyección mediática. Con esos activos, sería una pena darle un pretexto a la derecha para lanzar una de sus campañas de destrucción masiva.
GOBIERNO
Mariano Rajoy en un encuentro con empresarios norteamericanos.EFE
Mariano Rajoy en un encuentro con empresarios norteamericanos.EFELas excusas de Rajoy para no ir a Davos
ANOCHE RAJOY FUÉ ENTREVISTADO EN TELEVISIÓN. ¡NUNCA HABÍA VISTO REPETIR MENTIRAS CON TANTA CARA. LA CANTIDAD DE MENTIRAS Y ARTES QUE UTILIZA PARA MAREAR LA PERDIZ, NO TIENEN LÍMITES.
YOLANDA GONZÁLEZ
El presidente del Gobierno terminó 2013 con la intención de acudir al Foro Económico Mundial de Davos, que se celebra esta semana. Pero cambió de opinión por problemas de agenda, según la Moncloa. El jueves 23, cuando estaba prevista su intervención, no tiene ningún acto público.
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El tesorero del PP usó como testaferro para comprar acciones de Libertad Digital a un socio de Urgangarin
ALICIA GUTIÉRREZ
Luis Bárcenas entrega documentos al juez para acreditar que el PP usó 139.700 euros de la caja B en una operación destinada a salvar en 2004 al grupo mediático. Otro de los papeles constata cómo el entonces tesorero del partido, Álvaro Lapuerta, adquirió más títulos por 24.000 euros a través del empresario Borja García Nieto, quien compartió consejo de administración con Urdangarin.
ALICIA GUTIÉRREZ
Luis Bárcenas entrega documentos al juez para acreditar que el PP usó 139.700 euros de la caja B en una operación destinada a salvar en 2004 al grupo mediático. Otro de los papeles constata cómo el entonces tesorero del partido, Álvaro Lapuerta, adquirió más títulos por 24.000 euros a través del empresario Borja García Nieto, quien compartió consejo de administración con Urdangarin.
15MpaRato cree que la historia del empleado despedido por Blesa muestra que Caja Madrid conocía las irregularidades ya en 2006
TONO CALLEJA
“El despido del empleado de Caja Madrid de Linares prueba que en 2006 no existía un mercado de preferentes”. Así de rotundo se expresa Juan Ignacio Moreno Luque, el abogado del movimiento 15MpaRato tras conocer que el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa expulsó al director de la oficina de Linares en 2007 tras criticar este el producto financiero.
El exempleado de Caja Madrid Antonio Gómez Ortega, siete años después de ser despedido frente a la antigua oficina de la entidad en Linares. INFOLIBRE
TONO CALLEJA
“El despido del empleado de Caja Madrid de Linares prueba que en 2006 no existía un mercado de preferentes”. Así de rotundo se expresa Juan Ignacio Moreno Luque, el abogado del movimiento 15MpaRato tras conocer que el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa expulsó al director de la oficina de Linares en 2007 tras criticar este el producto financiero.
El exempleado de Caja Madrid Antonio Gómez Ortega, siete años después de ser despedido frente a la antigua oficina de la entidad en Linares. INFOLIBREBlesa despidió al director de una sucursal que devolvió de su bolsillo dinero a preferentistas
La Audiencia de Madrid confirma una condena a Bankia por el “dolo” en la venta de preferentes
TONO CALLEJA
La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado una sentencia que condena a Bankia por vender preferentes a una mujer por 220.000 euros: "El dolo concurrió en la medida de que no se comunicó al cliente la real situación financiera de Caja Madrid", según indica la sentencia a la que ha tenido acceso infoLibre.
GOBIERNO
Mariano Rajoy en un encuentro con empresarios norteamericanos.EFE
TONO CALLEJA
La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado una sentencia que condena a Bankia por vender preferentes a una mujer por 220.000 euros: "El dolo concurrió en la medida de que no se comunicó al cliente la real situación financiera de Caja Madrid", según indica la sentencia a la que ha tenido acceso infoLibre.
GOBIERNO
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Rajoy se declara “convencido de la inocencia” de la infanta
YOLANDA GONZÁLEZ 2 Comentarios
El presidente del Gobierno ofreció en la noche de este lunes una entrevista en Antena 3. Esquivo en gran parte de sus respuestas, sí quiso dejar claro su convencimiento de que a la infanta Cristina "las cosas le irán bien".
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“No adelantemos acontecimientos”
JAIME OLMO
Ante las recurrentes preguntas sobre qué haría en Cataluña afirmó: “No adelantemos acontecimientos”, quizás una de las frases que mejor dibujan el credo político y existencial de Mariano Rajoy.
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La homofobia le sale gratis al cardenal
IBON URÍA
Una asociación pide a la Fiscalía General del Estado actuar contra el cardenal que tachó la homosexualidad de deficiencia. Expertos creen que esas palabras no son delito.
El cadenal homófobo desaparece.ATLAS
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El Vaticano calla ante las declaraciones homófobas de su nuevo cardenal español
CARMEN VALENZUELA 7 Comentarios
La Conferencia Episcopal Española y el Vaticano rehúsan valorar las declaraciones del nuevo cardenal español, Fernando Sebastián, en las que carga contra los homosexuales.
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EL IMPACTO DE LA CRISIS
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Quiebras y cierres de empresa marcaron récords en 2013
S. C.
Mientras el Gobierno se aferra a la ligera mejora de la actividad del último trimestre de 2013, los datos del conjunto del ejercicio muestran toda la profundidad de la crisis. Las quiebras y cierres de empresas marcaron récords el pasado ejercicio con aumentos del 20,7 y el 12,1%, respectivamente
S. C.
Mientras el Gobierno se aferra a la ligera mejora de la actividad del último trimestre de 2013, los datos del conjunto del ejercicio muestran toda la profundidad de la crisis. Las quiebras y cierres de empresas marcaron récords el pasado ejercicio con aumentos del 20,7 y el 12,1%, respectivamente
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