Sur de Chile: nuevo ataque incendiario y armado pocas horas después de la declaración del estado de emergencia
El gobierno de Sebastián Piñera movilizó militares por 15 días a la zona para tratar de controlar los actos de violencia de grupos con reivindicaciones mapuches
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Pocas horas después de que el gobierno de Sebastián Piñera decretara el Estado de Emergencia en cuatro provincias de dos regiones del sur de Chile para contener la violencia, nuevamente se registró un ataque armado e incendiario por parte de encapuchados no identificados al interior del fundo Santa Lidia, ubicado en el camino que une a las comunas de Traiguén y Lumaco, a 615 kilómetros al sur de Santiago, la capital.
El hecho se dio en medio de las faenas que trabajadores desarrollaban en el predio, momento en el cual de manera violenta, irrumpieron sujetos armados que comenzaron a disparar y amenazar a los operarios, para luego encender fuego a la maquinaria forestal, camiones y camionetas pertenecientes a la empresa Nahuelbuta. Desde la Fiscalía se dispuso que la investigación sea realizada por personal de la Policía de Investigaciones (PDI).
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A los incendios de maquinarias y tierras, se suma la quema de dos iglesias la madrugada de este martes en sectores rurales de Tirúa, en la Región del Bio Bío. Se trata de un templo evangélico y una capilla católica, ambos destruidos completamente por el fuego. En esta oportunidad no se encontraron panfletos alusivos a alguna causa, en tanto que el sacerdote jesuita Oscar García, párroco de Cañete, informó que tras el atentado la orden decidió retirar las iglesias desde la zona de conflicto ante el peligro que corren los feligreses.
Estado de emergencia
Al anunciar la medida, Piñera afirmó que quienes habitan la zona tienen miedo y necesitan garantías de seguridad: “Estos atentados también han impedido la ejecución de órdenes judiciales por parte de las policías, las que han sido resistidas mediante el uso de la violencia y el empleo de armas de fuego de grueso calibre, incluso, armas de guerra”, añadiendo que la medida “en ningún caso se orienta en contra de un pueblo o de ciudadanos”.
La medida de excepción tiene una duración de 15 días y podrá ser prorrogada según lo determine el Presidente Sebastián Piñera y posteriormente el Congreso. Así, las cuatro provincias de dos regiones en las que se aplica son Biobío y Arauco en la Región del Biobío y Malleco y Cautín en la Región de La Araucanía.
La instrucción del gobierno permite que militares se hagan cargo de la seguridad y orden en la zona. Eso sí, no se manejarán de forma autónoma ni directa respecto de las tareas que le corresponden a las policías. “Las Fuerzas Armadas podrán prestar apoyo logístico, tecnológico y de comunicaciones. También podrán prestar apoyo de vigilancia, patrullaje y transporte, a los procedimientos policiales que se desarrollen en las zonas declaradas en Estado de Emergencia”, explicó el mandatario.
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Por lo anterior, Piñera informó que este jueves el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, viajará a la zona para supervisar y trabajar en la puesta en marcha de esta medida restrictiva, para lo que contará con dos importantes militares que se harán cargo de cada una de las regiones intervenidas. En Bio Bío asumirá el mando de la fuerza uniformada el almirante Jorge Parga, mientras que en la Araucanía hará lo propio el general Lionel Curti.
El mismo general a cargo de las Fuerzas del Estado de Emergencia en La Araucanía, desarrolló diversas reuniones para coordinar la implementación de la medida. La autoridad castrense indicó que “van a llegar fuerzas de respaldo, porque es una tarea de desgaste para nuestra gente y se tienen que ir renovando en la medida que las vamos empleando para que tengan su descanso correspondiente. Eso son antecedentes que tengo que evaluar”.
Por último, el encargado militar de la zona indicó que “no venimos con la intención de crear un estado que ya es crítico en la zona en cuanto a seguridad -explicó- Muy por el contrario, nosotros venimos a participar para entregarle a la ciudadanía una mejor seguridad y una mayor tranquilidad. Descarten el hecho de que venimos a presionar o a buscar una acción de presión a la ciudadanía”, sentenció Curti.
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