viernes, 16 de octubre de 2020

 

Respuesta coordinada del ministerio de Justicia y el cuerpo policial

Chile rechazó el informe de Amnistía que acusa a Carabineros por violaciones a DDHH

La ONG había exhortado al gobierno a que investigue a la fuerza, cuyos altos mandos "habrían omitido deliberadamente tomar todas las medidas a su alcance" para prevenir la represión a las protestas desatadas a partir del 18 de octubre de 2019.
Amnistía había denunciado "graves violaciones a los DD.HH." de los carabineros.
Amnistía había denunciado "graves violaciones a los DD.HH." de los carabineros. 
Imagen: AFP

El gobierno chileno y el cuerpo de Carabineros salieron a rechazar el informe que Amnistía Internacional publicó el miércoles denunciando "graves violaciones a los derechos humanos" durante la represión a las protestas que estallaron el 18 de octubre del año pasado. El ministerio de Justicia negó que la fuerza policial tenga una "política premeditada" de uso de la fuerza contra los manifestantes, mientras que Carabineros señaló que las operaciones antidisturbios se realizaron de manera legal, y que el reporte presentado por Amnistía contiene "una serie de imprecisiones y omisiones". El caso más reciente de uso excesivo de la fuerza policial tuvo lugar el viernes dos de octubre, cuando el oficial Sebastián Zamora arrojó a un joven menor de edad desde un puente al río Mapocho durante una manifestación. La semana pasada, el presidente Sebastián Piñera convocó a una comisión especial integrada por expertos independientes, que en un plazo de 90 días deberán presentar una propuesta de reforma estructural de Carabineros

A través de un comunicado, Carabineros señaló que "el informe de Amnistía Internacional da por probadas algunas denuncias graves en contra de determinados carabineros, pese a que éstas se encuentran actualmente siendo investigadas por el Ministerio Público y deberán ser juzgadas por los Tribunales de Justicia". El cuerpo de uniformados explicó que entre octubre de 2019 y marzo de este año se produjeron alrededor de 2.800 "eventos graves" con "episodios inéditos de extrema violencia", y que en ese contexto se esforzaron por abordar esos desórdenes "en cumplimiento del mandato constitucional y pleno apego a las leyes vigentes".

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