El abogado medioambientalista alemán Ludwig Krämer (Stettin, 1939) dirige una oficina en Bruselas cuyo principal cliente es la madre Tierra. En realidad es una de las sedes de la organización de juristas sin ánimo de lucro ClientEarth, cuyo objetivo es salvaguardar el medio ambiente ante las instituciones. Una de sus frases favoritas, “el medio ambiente no tiene voz”, resume con gran acierto una trayectoria que le llevó a colgar la toga hace 31 años para pasar a la acción... legal. “Mi función era la de proteger a los débiles de los fuertes y como el medio ambiente no tiene un grupo social detrás...”.
Krämer tiene una agenda frenética repartida entre Madrid y Bruselas. Desde el pasado mayo dirige el departamento de derecho ambiental del despacho Brenes Abogados, donde se plantea tomar un aperitivo: patatas fritas, cruasanes, coca-colas, botellas de agua. El letrado reposa los brazos sobre la mesa de la sala de reuniones como si estuviera defendiendo a su principal cliente. “En España se habla poco sobre el medio ambiente o las energías renovables, hay pocas voces verdaderamente independientes”, opina.
Una de sus últimas inquietudes ha sido la búsqueda de una solución a la enésima manifestación del conflicto español con Gibraltar, muy presente en los medios este verano. “Hay tres problemas medioambientales: el bunkering, la construcción de un complejo hotelero en las aguas orientales del Peñón y que las autoridades gibraltareñas hayan lanzado al mar más de 70 bloques de hormigón en el oeste, en la bahía de Algeciras”, enumera. Krämer cree que España “debería actuar cuanto antes, y por la vía medioambiental, si quiere solucionar el problema”. “Debe acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para denunciar las tres cuestiones. Le otorga esa posibilidad el artículo 259 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”.
Los problemas con Gibraltar, que sigue con interés, dan pie para una ironía. “Creo que no había visto a España tan interesada en el medio ambiente antes”, ríe. Esos bloques de hormigón, lanzados por las autoridades de Gibraltar en las aguas que rodean al Peñón, le tienen intrigado. “¿Han sido lanzados para potenciar el aumento de peces u otras especies? ¿Quieren evitar la sobrepesca, un problema que existe en toda la Unión Europea? ¿Obedece a otra causa?”, se pregunta.
Tanto la protección del medio ambiente como la conservación de los recursos biológicos dentro de la política pesquera común forman parte de las competencias europeas. “Esos bloques pueden afectar negativamente a la pesca local española y eso no es compatible con el deber de cooperación leal que deberían de tener las autoridades gibraltareñas en virtud del artículo 4 del Tratado de la UE”, asegura. “De nuevo, nada tiene que ver con la cuestión de la soberanía de las aguas”, añade.
Tres décadas trabajando en la Comisión Europea, en las que dirigió la unidad jurídica en temas medioambientales y la unidad de gestión de residuos, dan para mucho.
“El derecho europeo ha creado un buen marco, pero ha dejado muchas posibilidades cuando falta la voluntad de proteger el medio ambiente”, considera. La segunda broma llega cuando se le pregunta por qué ni ha mirado la comida. Se toca la tripa y sonríe. Lenguaje universal.
