CASO NÓOS Declaraciones del magistrado
Castro: 'He hecho lo que mi conciencia me ha exigido'
El juez considera, entre otros aspectos, que el papel de la duquesa fue imprescindible para que Iñaki Urdangarin defraudase hasta 337.138 euros a Hacienda a través de Aizoon
El juez José Castro a la entrada de los Juzgados de Palma. ALBERTO VERA
El juez José Castro, a su llegada este lunes a los Juzgados de Vía Alemania de Palma, ha manifestado haber hecho "lo que mi conciencia me ha exigido" en relación con sus decisiones en torno a la Infanta Cristina, y después de que el pasado viernes rechazase el recurso de la duquesa de Palma contra el auto con el que el magistrado acordó sentarla en el banquillo de los acusados por dos delitos fiscales.
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 se ha pronunciado de este modo al ser preguntado por los medios que aguardaban su presencia en las dependencias judiciales, si bien ha señalado que "entiendan que no añada nada más" cuando le han inquirido sobre su resolución del viernes, con la que Cristina de Borbón veía agotadas las vías para evitar ser juzgada en el marco del Caso Nóos.
De hecho, cuando le han comentado que finalmente su tesis se ha impuesto, Castro se ha limitado a responder: "Y qué quiere que le diga", para acto seguido introducirse en los Juzgados.
El abogado de la duquesa de Palma, Miquel Roca. EFE
En un duro auto, Castro acusaba el viernes al abogado de la Infanta,Miquel Roca, de lanzar afirmaciones en relación a la doctrina Botín que "no responden a la verdad con la esperanza de que siempre habrá alguien que la asuma sin comprobarla". "La técnica es tan antigua como el ser humano", espetaba el juez, aseverando cómo el letrado "incansablemente ha difundido ante los medios su criterio sobre que la llamada doctrina Botín era de aplicación a su defendida".
Para justificar la apertura de juicio contra la duquesa, Castro considera, entre otros aspectos, que su papel fue imprescindible para que su marido, Iñaki Urdangarin, defraudase hasta 337.138 euros a Hacienda a través de Aizoon, empresa presuntamente pantalla de la que ambos son propietarios. El juez resolvió así no aplicar sobre la Infanta la doctrina Botín, que impide juzgar a alguien si únicamente le acusa quien ejerce la acción popular, en este caso Manos Limpias, que solicita ocho años de cárcel para doña Cristina.
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