martes, 7 de junio de 2016

PRONTO VA A COMENZAR EL DESFILE

España

La Fiscalía pide hasta 76 años de prisión por las actividades de Gürtel en Boadilla

El Ministerio Público acusa al Partido Popular de lucrarse de 200.000 euros sin conocer el origen delictivo del dinero
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El fiscal pide la pena más alta para Francisco Correa - EFE

La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de hasta 76 años de prisión por las supuestas actividades corruptas de la trama Gürtel en el municipio madrileño de Boadilla del Monte. El Ministerio Público pide la pena más alta, de 76 años y siete meses de cárcel, para el empresario Francisco Correa, considerado el cabecilla de la red de corrupción.
En este proceso, la Fiscalía considera que el Partido Popular deberá sentarse en el banquillo de los acusados como posible partícipe a título lucrativo; es decir, por haberse podido lucrar de 204.198,64 euros de las actividades de la trama sin conocer el origen delictivo del dinero. Si el juicio probase la comisión de los delitos, la formación política deberá devolver estos fondos. El juez instructor José de la Mata también propuso juzgar al PP en tal condición cuando cerró la investigación.
El magistrado concluyó que los imputados facilitaron que diferentes empresas de la trama, que ya acumula más de una decena de causas por sus actividades en diversos periodos y regiones, asumieran el coste de diversos bienes y servicios para actos electorales del PP.
Además de Correa, el Ministerio Público pide cuarenta años y nueve meses de cárcel para el exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero, conocido como «el Albondiguilla»; sesenta y cuatro años y siete meses para Pablo Crespo, el antiguo político del PP gallego y número dos de la trama corrupta; o veintitrés años y seis meses para el exdiputado del PP en Madrid AlfonsoBosch Tejedor.
Los delitos que atribuyen a las 27 personas a las que acusa la Fiscalía Anticorrupción son asociación ilícita, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho, falsedad continuada en documento mercantil, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.

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